Las proyecciones fiscales reflejan las opiniones del personal técnico del FMI sobre las perspectivas económicas (que suelen ser más pesimistas que las de las autoridades) y la evaluación de las políticas probables. En vista de los debates actuales en el Congreso, el personal técnico del FMI supone que los recortes del gasto discrecional ocurrirán antes (y serán más profundos) de lo que tiene previsto el gobierno, y que se postergarán las medidas vinculadas a la recaudación de ingresos.
Dado que las perspectivas fiscales son insostenibles, urge que la administración y el Congreso acuerden un marco de consolidación fiscal a mediano plazo de carácter comprensivo y balanceando. Las propuestas recientemente presentadas por la Comisión Nacional de Responsabilidad y Reforma Fiscal, formuladores de política y otros analistas, contienen muchas ideas útiles a partir del cual podrían avanzar la autoridades en la formulación de un plan de consolidación fiscal comprensivo. Las medidas propuestas incluyen reformas de los regímenes de prestaciones (pensiones y salud), topes al gasto discrecional, reformas al sistema impositivo y el fortalecimiento de las instituciones fiscales. La reciente reorganización de la regulación y la supervisión del sistema financiero representa un paso auspicioso, pero tendrá que ser implementada de manera decisiva y sin demoras.
En particular, será crítico fortalecer:
-La coordinación entre reguladores para detectar y neutralizar los riesgos sistémicos
-La transparencia y la rendición de cuentas en los mercados de valores y derivados
-El monitoreo del sector bancario paralelo.
Pese a haberse restablecido la estabilidad financiera, la fragilidad del sector inmobiliario
sigue actuando como un lastre en los balances bancarios, y la implementación de las reformas del sector financiero aún enfrentan desafíos. Las autoridades estadounidenses han elevado al Congreso un conjunto de propuestas para reformar los mercados de financiamiento de la vivienda, según lo exige la Ley Dodd-Frank.
Las recomendaciones incluyen desmantelar las entidades hipotecarias semipúblicas y elaborar políticas de vivienda con una orientación más enfocada, donde el respaldo estatal sea más explícito y concentrado en los hogares de menores ingresos. La reforma que se adopte deberá lograr un equilibrio entre ofrecer un nivel adecuado de intervención pública y desalentar otro ciclo de sobreinversión. Los plazos de esa reforma probablemente dependan del vigor del mercado nmobiliario.
Además, las autoridades deben asegurarse de que se resuelvan a la brevedad los problemas de la documentación para los embargos hipotecarios y de que los bancos reconozcan en tiempo y forma las pérdidas inmobiliarias.
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